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Cumbre de los Pueblos en Lima: entrevista a Floresmilo Simbaña

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Ponencia de Floresmilo Simbaña en la Cumbre de los Pueblos en Lima 

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Foto de la reunión en Lima entre el dirigente de la CONAIE Floresmilo Simbaña y los diputados del parlamento sueco, Jens Holm (P. Izquierda) y Stina Bergström (P. Verde).

 

Entrevista a Floresmilo Simbaña, dirigente de organización política de la  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quien participó en la Cumbre de los Pueblos, encuentro alternativo de los movimientos sociales frente al Cop20 que tuvo lugar en Lima del 11 al 14 de diciembre. Floresmilo también es miembro de la organización Kawsay Ecuador, con la cual colaboramos desde la organización Kawsay de Suecia.    

 

¿Puedes hacer un balance de lo que se discutió en la Cumbre de los Pueblos?

En términos generales el balance es bastante positivo. Esto, por varias razones, entre ellas, que la Cumbre logró concentrar o convocar a la gran mayoría de los movimientos sociales de América Latina y también estuvieron presentes organizaciones de otras partes del mundo, como de África, Europa, Asia. Aunque con muchas dificultades, se logró poner las voces de los pueblos frente a la de los Estados y los organismos internacionales presentes en la COP20. Se logró consensuar los esfuerzos al derredor de la resistencia al extractivismo, que afecta a los países no industrializados. Pero sobretodo se logró una amplia discusión sobre alternativas al capitalismo en general y al extractivismo en particular, esa es, en mi opinión, uno de los principales logros.

Claro, también hubo algunas discrepancias en el camino, pero creo que eso es parte del debate y de los procesos.

¿Cuáles son los desafíos principales que se discutieron en la cumbre de los pueblos?

En la Cumbre de los pueblos, se discutieron tres principales desafíos:

Primero, entender que el llamado problema climático no es un problema ético, ni es una responsabilidad de todos los habitantes del planeta, sino que es un problema del sistema capitalista. Es decir, la matriz del problema es la mercantilización de la naturaleza, ya que para el capital (Estado y sobre todo corporaciones transnacionales) la naturaleza es una de las dos mayores fuentes de riqueza y acumulación, la otra es la fuerza de trabajo. Desde esta perspectiva, la naturaleza no cuenta como fuente de vida, no solo para la naturaleza misma (flora y fauna) sino para las sociedades humanas. Lo que interesa es cuanta rentabilidad se puede sacar de ella.

Con ese propósito no se repara en las afectaciones que se causen a la naturaleza (extinción de bosques nativos, contaminación del agua, calentamiento global, degradación de suelos, etc.), ni tampoco en los riesgos a la vida humana. Con esto último me refiero al desplazamiento de pueblos; la destrucción de territorios y hábitat de pueblos enteros –principalmente de los pueblos indígenas-; destrucción de los sistemas locales de producción agropecuaria que afectan la soberanía alimentaria de pueblos y países, principalmente de los países no industrializados. Y además también se explota indiscriminadamente la fuerza de trabajo de estos países.

Entonces, uno de los desafíos de la Cumbre fue poner al problema climático como consecuencia estructural del sistema imperante y denunciar a los poderes (grupos sociales, institucionales –corporaciones internacionales y Estados) como los responsables y beneficiarios del sistema y del problema ambiental mundial.

Por lo tanto la respuesta debe ser también integral, como su consigna decía: ¡hay que cambiar el sistema… no el ambiente!

El segundo principal desafío que enfrentó la Cumbre en Lima fue la búsqueda y difusión de las alternativas populares anticapitalistas, antipatrialcales y  ecológicas que enfrente a las “falsas soluciones” que proponen los Estado reunidos en la COP20. Los Estados y los centros de poder mundial dicen que no hay alternativas más que la misma vía del capital, el capitalismo verde, y los pueblos dicen que si los hay y que muchas de esas alternativas, no solo son vigentes y viables, sino que además son históricamente demostrables, esto sobre todo por parte de los pueblos indígenas. Qué evidencias que sus sistemas de vida, como la vida comunitaria, que, a pesar de las amenazas que pesan sobre ella, está vigente como alternativa al capital. Otras de las alternativas asumidas por todos los integrantes de la Cumbre es la soberanía alimentaria, como sistema económico de producción sociocultural y económicamente viable, que da empleo y de comer a la sociedad, y que además propende al enfriamiento del planeta.

El tercer desafío fue la denuncia y oposición frontal al extractivismo, entendida esta como la actual estrategia del capital para salir de su crisis, pero que está devastando regiones, países y territorios enteros, provocando un aceleramiento de la crisis ambiental mundial y creando brechas económicas, políticas, tecnológicas entre los países industrializados y los no industrializados y que provoca otro grave problema en los países de donde se explotan los recursos naturales: la criminalización de la protesta social. En estos países, los pueblos y comunidades afectados por la explotación -ya sea de minas, petróleo, gas, agua, etc.- han movilizado la oposición de los pueblos afectados, y la respuesta de las transnacionales, de los Estados ha sido hasta ahora enjuiciar, perseguir e incluso eliminar físicamente a los opositores de estas políticas. Esta problemática es una de las preocupaciones más urgentes de todas las organizaciones participantes de la Cumbre en Lima.

¿Cuáles son las controversias entre los países del sur y del norte?

Las discrepancias son muchas, entre ellas, caracterizar la crisis medioambiental que está sufriendo el planeta. Para los países industrializados el problema está en los instrumentos, en el método de explotación de la naturaleza, incluso ven esta situación como un problema ético que nos atañe a todos por igual; creen que las soluciones pueden venir de la mano de metodologías de explotación “ambientalmente sostenibles”, de tecnologías modernas –amigables con la naturaleza-, o incluso que el problema se solucionaría mediante el mismo capital: que quienes contaminen (Estados o empresas) paguen por la contaminación y sigan haciendo lo mismo. Y, como ya hemos señalado arriba, para los pueblos las razones del problema tienen otra raíz y por lo tanto las soluciones son muy otras.

¿Cuáles son las recomendaciones que das a los gobiernos de los países miembros  de la UE y a Suecia?

Más que a los gobiernos, creo que es mejor dialogar con las organizaciones sociales de estos países. Como una de las conclusiones a las que llegó la Cumbre, que los Estados y los gobiernos no van a ir más allá de sus propios intereses y las de sus corporaciones, son los pueblos, las organizaciones sociales quienes tenemos el reto de provocar cambios, de defender la naturaleza.

En este sentido diría que a las organizaciones de Europa y de Suecia les queda un reto enorme ya que es allá donde se van a cerrar los debates hacia un nuevo convenio mundial sobre el medio ambiente, pues la COP 21 se realizará en París. Claro que la responsabilidad es de todos, pero esta vez se realizará en Europa, y la lucha por la defensa de la naturaleza,  ya que en realidad lo que se cambia es el sistema.

¿En Ecuador se ven los efectos del cambio climático?

En Ecuador y en todo el mundo, esto es un fenómeno mundial. Nosotros, al igual que en todas partes sufrimos las consecuencias del efecto invernadero: desordenes climáticos, lluvias excesivamente fuertes y sequías prolongadas, disminución de la capa de hielo y nieve de los nevados y un acelerado extractivismo de los recursos naturales.

¿Qué medidas se deberían tomar en Ecuador para evitar los efectos del cambio climático?

En el caso ecuatoriano creemos que una de las medidas fundamentales que contribuirían a detener el cambio climático es la no apertura a políticas extractivistas, como la minería a gran escala y cielo abierto, dejar el petróleo bajo suelo, sobre todo en zonas de alta concentración de biodiversidad como el Yasuni; crear las bases estructurales para una agricultura basado en la perspectiva de la soberanía alimentaria. Éstas, entre otras.

¿En qué contribuye el movimiento indígena ecuatoriano para cambiar la situación actual de crisis medioambiental?

Dejando en claro que la principal responsabilidad del problema climático es de los Estados y las corporaciones transnacionales, es decir, el sistema, también estamos claros que los pueblos también tenemos la tarea de asumir compromisos para buscar soluciones a este problema planetario. El movimiento indígena ha contribuido de muchas maneras, creemos que nuestro principal aporte es nuestra lucha contra el neoliberalismo que buscaba privatizar extensos territorios para la explotación de la biodiversidad y de los recursos naturales como el agua, el petróleo, la minería. Pero también trabajamos en formas alternativas de producción agropecuaria, como son las formas comunitarias de economía, la producción orgánica, el cuidado y la preservación de las fuentes de agua, etc., todas estas iniciativas forman parte de la propuesta global de soberanía alimentaria y del Sumak Kawsay o Buen Vivir, que actualmente está en el debate.

¿Sobre qué trató tu ponencia en la Cumbre de los Pueblos?

Sobre el derecho a la Consulta previa y la experiencia de la Consulta prelegislativa en la aprobación de la reciente Ley de Aguas en Ecuador. En resumen:

1. Que el derecho a la consulta tiene vigencia en el Ecuador desde 1998, año en que se reconoció este derecho mediante la Constitución aprobada ese año y el reconocimiento del Convenio 169 de la OIT.

2.  Que el Estado no ha respetado en la práctica este derecho, ya que no hay, desde entonces hasta el 2011 un proceso de consulta previa.

3. Que la única experiecia de consulta previa es mediante la sentencia de la Corte Inteamericana de Derechos Humanos en el caso de Sarayaku.

4. Que no se ha elaborado una ley específica de derecho a consulta previa, que la CONAIE presentó un proyecto de ley en el 2001 para el efecto, pero fue negado.

5. Que en esta nueva Constitución si bien se reconoce el derecho a la consulta, pero se niega explícitamente el carácter de vinculante, se lo deja solo como opinión.

6. Que este gobierno tampoco ha aprobado una ley de consulta previa; en su lugar ha elaborado una serie de instructivos mediante acuerdos ministeriales para viabilizar consultas sobre temas específicos, como en casos medioambientales, obras públicas menores, etc.

7. Que la consulta previa convocada por el caso de la ley de aguas no fue tanto por el gobierno, sino a pesar del gobierno, pues fue resultado de dos grandes movilizaciones del movimiento indígena.

8. Que el gobierno teminó funcionalizando el proceso de consulta previa, es decir, que este derecho potente, de carácter democratizante, lo redujo al cumplimiento de meras formalidades.

Entrevista: Adriana Tovar y Fredrik Johansson

Fecha: 16 de diciembre 2014

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